Hoy, 15 de abril se celebra el Día de Acción Global Contra el Gasto Militar, iniciativa coordinada por la Oficina Internacional de la Paz. Según el informe difundido por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Paraguay fue el país en América Latina que más aumentó su gasto militar en 2014. Por ello, en este contexto es propicio detenernos a reflexionar sobre a quiénes beneficia el gasto militar en nuestro país.

  La información producida por la Contraloría General de la República acerca de “Rendición de Cuentas del Fonacide” daba cuenta que al 31 de diciembre de 2014, unos Gs. 9.000 millones le fueron asignados al Ministerio del Interior en el ejercicio fiscal 2014. Ese fondo fue ejecutado, según la planilla elaborada por la administración de dicho ministerio, en el programa 10 de “Apoyo a la Seguridad Ciudadana”, así como al subobjeto de gastos 550 “adquisiciones de equipos militares y de seguridad”. Sabemos que la Ley 4758/12, desde 2015 especifica que el 28% de los recursos del Fonacide transferidos al Tesoro Nacional se destinarán a salud, Policía Nacional, defensa y educación. La referida ley, que reglamenta el uso del Fonacide, pone énfasis en las inversiones en infraestructura y educación en sus primeros artículos pero no hace mención directa sobre la posibilidad de adquirir armas y equipamientos para la Policía Nacional o Defensa. Por su parte, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en su Informe Especial N° 5/2014, analizaba la actuación de las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), del Ministerio Público y del Poder Judicial en la zona Norte del país, identificando una serie de vulneración de derechos de adolescentes. Los miembros de las FTC actuaron, en todos los casos, “sin identificación y con gran aparatosidad, sin orden de detención del Juzgado Penal de la Adolescencia competente, excepto en un caso, ya que el Ministerio Publico carece de facultad de detención para estos casos. Tampoco se encontraban en flagrancia. No se les comunicó los motivos de la detención. Fueron imputados sobre la base de actas de imputación que no cumplen los requisitos mínimos, no se precisa qué, cómo, cuándo ni el grado de participación en los hechos investigados, sin embargo, en todos los casos se les atribuye la comisión de crímenes graves vinculados a los grupos autodenominados EPP y ACA. Los juzgados penales de la adolescencia intervinientes no realizaron el control del cumplimiento de derechos y garantías. Aplicaron medidas privativas de libertad en todos los casos, sin considerar que en este ámbito deben agotarse las medidas menos restrictivas en primer lugar”. Estos hechos tienen su propia historia: desde los tiempos del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, la política de defensa volvió a hacer hincapié en la defensa del orden interno y se profundizó en la línea del fortalecimiento de los aparatos represivos y punitivos del Estado (e incluso paraestatales en el campo); en este contexto, las Fuerzas Armadas cumplieron tareas, antes reservadas solo a la Policía Nacional, con grandes vacíos jurídicos para su empleo. Al respecto, aún nos falta un análisis más detallado de la relación entre gastos militares desde esa época y los efectos sociales de los procesos de militarización y criminalización de luchas, particularmente en los territorios rurales. Los sucesivos informes de derechos humanos, las misiones de observación realizadas, en principio dan cuenta, de los daños producidos en las comunidades campesinas, en las familias y en el empeoramiento del acceso a derechos básicos como la salud, la educación, la vivienda y el empleo. Es más que razonable instalar, por tanto, la pregunta: ¿a quiénes beneficia el gasto militar en Paraguay? Porque los viejos conflictos ligados a la tierra siguen sin soluciones efectivas desde una perspectiva de derecho; lo que existe hasta ahora es el despliegue de una estrategia de guerra en los territorios rurales y conste que la historia nos enseña “que ningún proyecto de infraestructura económica, agraria, forestal, de salud, de comunicaciones, será efectivo a largo plazo si nace como estrategia de guerra”. Sólo el respeto, la garantía y protección de los derechos constituye el fundamento de un modo de resolución de conflictos que apunten a crear climas de paz en las convivencias.   Día de Acción Global Desde el año 2011, y coincidiendo con la publicación del informe anual del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) sobre el gasto militar mundial, el IPB organiza un Día de Acción Global para llamar la atención pública, mediática y política sobre los costes del gasto militar y la necesidad de invertir en nuevas prioridades que participen de la construcción de una cultura de paz.