19 pueblos indígenas que conforman la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna (Anivid) marchan hoy en el microcentro y luego proponen instalar una mesa de trabajo a los tres poderes del Estado. Esta acción que reivindica y demanda la protección de sus derechos básicos se sostiene en la gravedad de la situación de las más de 700 comunidades indígenas del país. Por esta razón, la ANIVID plantea la necesaria participación y definiciones concretas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Estos 19 pueblos indígenas marchan por una Vida Digna y traen sus propias prioridades y propuestas de solución. Como trasfondo de la marcha es posible reconocer el progresivo acaparamiento de sus tierras por un modelo económico en el que sus Dignas Vidas no importan. También la ausencia de políticas públicas suficientes para afrontar sus demandas, se constituye en la otra cara de la violencia que históricamente soportan. Con la pandemia, la violencia de la expansión del cruel modelo de acaparamiento de sus tierras mostró su perfil más agresivo y avasallador. El mensaje fue claro: las comunidades indígenas estaban libradas a su suerte. La amarga ironía de esta situación se apoyaba en el hecho de que como nunca en la Constitución de 1992, como sociedad habíamos señalado con singular claridad los derechos de los pueblos indígenas…pero a casi tres décadas quienes definen los senderos de los poderes públicos, siguen impidiendo la reforma de la Ley N° 904/81 “Estatuto de Comunidades Indígenas”, pese a la existencia de tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la analizaron e impusieron su necesaria reformulación. La claridad del texto Constitucional siempre resulta pulverizada cuando la extrema desigualdad es la que define el rumbo de nuestra sociedad. Esto supone aceptar que la sistemática violación de los derechos humanos, en este caso, de las comunidades indígenas es un componente natural de un modo de entender el desarrollo. El Servicio Paz y Justicia, Paraguay insta a los tres poderes del Estado asumir el rol indelegable de la defensa y protección de los derechos reclamados por la ANIVID. La vida digna nunca puede ser un sobrante desechable de una sociedad; sostener esa lógica es el modo más indigno de ejercicio del poder.