“Desde el punto de vista de los derechos humanos, la principal violación es el no tener una sentencia en un tiempo razonable; lo dice la Ley, lo dice la Constitución, lo dicen los Tratados Internacionales; hay, a toda costa, un capricho por dilatar este juicio”, sostiene el abogado Vicente Morales, integrante del equipo jurídico que defiende a los y las campesinos/as procesados por la masacre de Marina Kue ante la nueva postergación del juicio oral. En esta entrevista, Morales describe los escenarios que se vislumbran en torno al juicio, la amenaza instalada contra la defensa a través de un sumario y el rol de la sociedad civil y los organismos internacionales. ¿Cuáles han sido los motivos de la suspensión del juicio oral en el caso Curuguaty? El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá que tiene a su cargo la causa para su juicio es el que dispuso la suspensión del juicio oral previsto para el 22 de junio, argumentando falta de sala, es decir, un tema administrativo; dice que el Poder Judicial no tiene una sala para este juicio que tiene una importancia y magnitud considerable. El Palacio de Justicia tiene más o menos 15 salas de juicios orales, dos de ellas son muy grandes y además tiene una sala de conferencia que se usa una o dos veces al año para que los nuevos abogados juren y se les otorgue la matrícula. Por otra parte, se pudo haber hecho en cualquier otro lugar, se puede realizar en cualquier parte. La suspensión tiene motivaciones claramente políticas, busca desarticular, desarmar el alcance y llegada que tiene la defensa (de los/as campesinos) en la sociedad y también coincide con la venida el Papa; estas son las razones reales. El Tribunal de Sentencia de Salto del Guairá había concedido un pedido nuestro de trasladar el juicio a la ciudad de Asunción. ¿Quién o quiénes se benefician con esta suspensión? Considerando estas razones políticas, creo que se beneficia el propio Tribunal, el Ministerio Público. Yo había pedido al Tribunal de Sentencia el traslado del juicio a Asunción, el fiscal Jalil Rachid se opuso a ese pedido y el Tribunal decidió hacerlo de todas maneras en Asunción, pero ahora lo suspende por falta de sala. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿cuáles son las principales violaciones que se registran con la suspensión del juicio oral? Desde el punto de vista de los derechos humanos, la principal violación es el no tener una sentencia en un tiempo razonable. Lo dice la Ley, lo dice la Constitución, lo dicen los Tratados Internacionales; hay a toda costa un capricho por dilatar este juicio, no conozco las razones. La justicia es la que suspende y suspende, va más de un año y medio con tres suspensiones hechos por el Tribunal de Salto del Guairá sin que nadie se lo pidiera, ninguna de las partes, es decir ni nosotros la defensa ni el fiscal Rachid que es el acusador. Por lo tanto la violación más importante es esa, no tener una decisión, cualquiera sea el sentido, en un tiempo razonable. Eso agregado a una serie de restricciones a la libertad que tienen los procesados; diez de ellos están con arresto domiciliario, en situación calamitosa en todo sentido, el estado deplorable en el que se encuentran madres jóvenes con hijos pequeños que no pueden mantener, con maridos jóvenes procesados que no pueden trabajar, que no pueden salir y uno de ellos en la cárcel de Tacumbú, privado de libertad. Realmente la violación a los derechos humanos es aberrante y este capricho de seguir dilatando el proceso realmente demuestra que el objetivo principal es demostrar quién manda. La defensa se encuentra sumariada, ¿cómo está ese proceso concretamente? El sumario se había iniciado en virtud a un informe de auditoría que estableció que nosotros habíamos impedido la elevación de la causa a juicio oral. Cuando aparece ese informe resulta que el juicio ya se había elevado a juicio oral un año antes que la aparición de ese informe. Se pasó por todo el proceso sumarial y ahora hay un dictamen del juez sumariante, el abogado Rafael Monzón, en el recomienda al Consejo de Superintendencia de la Corte que desplace o no resuelva ahora el sumario o la eventual decisión que tenga que tener y que se espere hasta la conclusión del juicio oral, este proceso puede durar dos años, tres años, no sabemos. Es una forma de decir “le estamos controlando, no hagan bien su trabajo porque los vamos a sancionar”. ¿Qué escenarios se visualizan en torno al juicio de Curuguaty? El juicio está fijado para el 22 de julio de 2015, esperemos que en esta ocasión se lleve a cabo el juicio; nosotros queremos que se haga el juicio, lo exigimos a los efectos de plantear nuestros argumentos y que los acusados salgan libres de esposas y por la puerta principal. Porque este juicio está lleno de nulidades, absolutamente cargado de vicios procesales por lo tanto debe ser declarado nulo. Tenemos la expectativa de que el sistema tiene que funcionar como corresponde. Por supuesto estamos preparados y por eso todos los cuestionamientos a las decisiones erróneas o desacertadas que nosotros consideramos para ir a las instancias posteriores y luego a la justicia internacional, que estoy convencido que va a ocurrir. ¿Cómo observa el seguimiento sobre el caso Curuguaty desde la sociedad civil y desde los organismos internacionales? El acompañamiento y el seguimiento constituyen componentes muy importantes para la transparencia de este juicio. La mirada y observación de toda la ciudadanía y de la gente del exterior supone una garantía, son una garantía al modelo y a las decisiones en cuanto a los administradores de justicia. Es importante mencionar que tenemos hecha una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y están muy atentos a todo lo que resulte de todo este proceso.