A estas alturas ya más de ciento cuarenta mil jóvenes (mujeres y varones) se han proclamado objetores de conciencia en Paraguay, valiéndose de la Constitución Nacional que en su art. 37 reconoce este derecho: “Se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos que esta Constitución y la ley la admitan”. En la investigación “Objeción de conciencia y juventudes, dos décadas entre la promoción y restricción”, publicada por el Servicio Paz y Justicia Paraguay, se analizan hechos en torno a la lucha por la Objeción de Conciencia desde el año 1992 al 2010 y se identifican los principales obstáculos para el acceso y el ejercicio al derecho de objetar el SMO durante el periodo 2010 a 2012. En un país donde de una población total de 6.451.122 habitantes, según datos que toma la investigación de la DGEEC del 2010, el 36% corresponde a personas de entre 15 a 34 años, cifra que concentra a gente de menos edades, según destaca la investigación, hablar del derecho a la Objeción de Conciencia es tema que interesa a una gran proporción.

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La ley 4013 viola el derecho a la OC. La investigación, además hace hincapié en la violación del derecho a la OC a partir de la promulgación de la ley 4013 que introduce contradicciones para su ejercicio pleno al estipular obligatoriedad de un servicio civil a quienes se declaren objetores. Esto se agrava con la pretensión de pedir explicaciones acerca de los motivos del objetor para declararse como tal cuando que el art. 24 de la CN establece que nadie debe ser indagado, molestado u obligado a declarar por causa de sus creencias o de su ideología. Conversatorio. En este contexto el Serpaj cree pertinente propiciar un espacio para discutir en un conversatorio sobre “juventudes, problemáticas y desafíos en contextos autoritarios” y aprovechar la ocasión para presentar la investigación mencionada. Será el jueves 16 de mayo a las 18.00 en el Centro Cultural el Cabildo (Avenida República y Alberdi).

En el año 1993 se declaraba el 1er grupo de objetores de conciencia en Paraguay se declaraba como tal pues se negaban a que su convivencia en la sociedad estuviera regida por códigos violentos. En un comunicado expresaban, entre otras cosas, que: “Somos partidarios del desarrollo de la personalidad humana, la promoción de la libertad y la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación y el respeto a los derechos humanos, y entendemos que todo ello es contrario a la lógica militar”.