El desafío de crear un nuevo plan educativo nacional

Suéltame pasado

Al día siguiente del lanzamiento del nuevo ejemplar de la Revista Paraguaya de Educación y que el Consejo Nacional de Educación y Ciencias (Conec) hacía un llamado para crear un nuevo plan educativo nacional, circuló un video en las redes, compartido por la Dirección Departamental de Alto Paraná, en el que se observaba a niños y niñas, agradeciendo al presidente Santiago Peña por los pupitres. Ante los primeros reclamos en las redes, el video fue borrado.

Una pregunta motivada por el referido video de ‘agradecimiento’ apuntaba a ¿por qué se producen hechos como lo registrado por el material audiovisual? De hecho, la propia directora departamental de Alto Paraná reconoció que la publicación del video fue un error y “que no se realizó el filtro correspondiente”.

Es que detrás de un evento que se produce en el espacio micro de un establecimiento escolar puede encontrarse un mandato histórico que aún no fue posible desmontar. Lorena Soler lo formula así: “El orden democrático se topa una y otra vez con el stronismo, el núcleo del problema hasta hoy no resuelto”. Y el Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia es mucho más rotundo y puntual: el (en ese entonces) Ministerio de Educación y Cultura formó parte del esquema de control y represión del stronismo. “En las escuelas, los supervisores fueron los encargados de evitar, mediante un riguroso control, que los docentes pudiesen ejercer la libertad académica del cuerpo docente y que los alumnos pudiesen hacerlo. Tan fuerte caló el rol de los supervisores como control del sistema educativo, que una cuestión difícil, durante el proceso de la Reforma Educativa, intentada desde el inicio de la transición, ha sido lograr que cumplan no solamente un rol de supervisión administrativa – que en la práctica es una extensión del control de antaño- sino también una tarea de supervisión pedagógica, que es lo nuevo y propiamente educativo, basado en el desarrollo de la capacidad crítica, fundamento cognitivo de la reforma educativa y eje de su concepción cívica”.

La cuestión difícil igualmente lo registró el Consejo Nacional de Educación y Cultura en un informe publicado en el 2005: “después de quince años del viraje político, es posible constatar que el legado autoritario todavía exhibe una preocupante capacidad de pervivencia y de reproducción”. Y esta situación se prolonga hasta el presente en el que la educación aún no puede constituirse en un “instrumento firme de la democracia paraguaya”.

Complejo desafío

De hecho, un escenario de riesgo relevado en la introducción de la Revista Paraguaya de Educación (Vol. 13, nº 2, 2024) es “la vuelta del autoritarismo y el verticalismo en la definición de políticas educativas”. Màs que vuelta, esta situación hoy es una dura realidad. “El gobierno de Paraguay ha abandonado su rol de garante de derechos para convertirse en un administrador de violencia. Los desalojos, leyes represivas y vínculos con el narcotráfico revelan un proyecto político y económico que prioriza el extractivismo y el control territorial sobre la vida digna”, destaca en sus conclusiones el Informe del Observatorio de Derechos Humanos y Ambientales de Heñoi (abril, 2025).

En la configuración cultural vigente, la negación de derechos que se traduce en la puesta en acto por parte del gobierno de diversos modos de violencia, se erige como un muro que va profundizando su dureza. Esto deriva en una inquietante insensibilidad oficial hacia las múltiples condiciones de vulnerabilidad de la población.

La intención del Conec en convocar para avanzar hacia la creación de un nuevo plan educativo nacional encontrará en este marco, difíciles y complejos desafíos porque dicha convocatoria implica asumir la gestión de múltiples voces, diversos actores con proyectos e intereses sumamente contradictorios que deben disponerse a conversar para hacer realidad lo enunciado en el artículo 73 de la Constitución Nacional: una educación que promueva la libertad, la paz, la justicia social, la solidaridad, la cooperación, la integración de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. ¿Podrá el actual gobierno promover y sostener un proceso cuyos principios son la contracara de su modo presente de ejercicio del poder?

Ramón Corvalán