Posicionamiento conjunto

En la actualidad existen 252 adolescentes en privación de libertad, sólo 11 son mujeres, y
están en 9 centros educativos para adolescentes en conflicto con la ley penal , distribuidos
en: Alto Paraná, Concepción, Itapúa, Amambay, Guairá, Asunción (Mujeres), Itagua (CEI y La Esperanza), e Ypacaraí; y solo 2 de cada 10 adolescentes tienen un condena a la fecha.

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El militarizar la seguridad interna y los centros educativos de adolescentes es la evidencia
que nos encontramos ante un Estado fallido , y por ende ante una sociedad que no tiene
capacidad de cohesión social y de responder a situaciones de violencia, más que con el uso de la fuerza. No es aceptable que se gestione la violencia con violencia.

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En la región de América Latina y el Caribe, el uso de las fuerzas armadas en la seguridad interna, y en las cárceles, ha demostrado un gasto excesivo, sin resultados y con situaciones de violaciones de derechos humanos por parte de los efectivos de seguridad. Las Fuerzas Armadas tienen una preparación para el combate y el resguardo del territorio nacional, no así para la seguridad interna y para lidiar con situaciones con personas civiles.

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La emergencia penitenciaria es una realidad que debe ser abordada desde diversas aristas, la mora judicial, déficit de presupuesto, programas de rehabilitación y reinserción, modelos de revinculación familiar y comunitaria, mejores tratos y alimentos de calidad; así como acceso a servicios educativos y de salud.
La decisión del Poder Ejecutivo, es contraria a la Convención Derechos de la Niñez y la
Adolescencia y las Reglas mínimas de Beijing para la administración de justicia con
adolescentes de Naciones Unidas, como también la Constitución Nacional y las leyes internas de la República del Paraguay.

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Las Fuerzas Armadas no pueden estar en un Centro Educativo, ni a lado, ni cerca. Las
Fuerzas Armadas no pueden tener una misión relacionada a los Centros Educativos. No
existe escenario en donde su intervención sea oportuna, ya que en situaciones extremas ellas harán aquello para lo que existen, entrar en combate.

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Instamos al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Paraguay, a cumplir a
cabalidad con los compromisos internacionales y nacionales en materia de derechos
humanos y protección a los y las adolescentes en conflicto con la ley penal.

Asunción, 23 de septiembre de 2019

Consejo Directivo CDIA Paraguay y Equipo de Coordinación Servicio Paz y Justicia Paraguay

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