Sin pruebas fehacientes, tres estudiantes guardan prisión preventiva en una disposición arbitraria de una fiscal. Un ejemplo más de cómo el poder paraguayo responde a los legítimos reclamos de jóvenes y ciudadanos en diversos departamentos de la república. Vivian, Luis, Pedro, Enrique y Arnaldo pudieron haber sido Juan, Rodrigo, Derlis, Carmen, Teresa. Pudieron ser cualquier persona que durante varios días y noches se manifestaron contra el actual mal gobierno del Paraguay. Podían también haber sido algunos más o todos y todas que salieron a las calles para exigir soluciones para un país que desde hace décadas está en terapia intensiva. La  situación crítica no es solo del sistema de salud, sino del futuro mismo de la población. Pero esta vez fueron Vivian Genes, Luis Trinidad y Pedro Areco quienes recibieron como respuesta a sus reclamos el aparato represor: La prisión preventiva dictada por la jueza Hilda Benítez Vallejo. La magistrada también declaró en rebeldía a Arnaldo Martínez y Enrique Agüero. Los cinco son acusados de participar supuestamente del incendio de Colorádo Róga, perteneciente a una parte del edificio de la Asociación Nacional Republicana (ANR), sede del sector gobernante, el Partido Colorado. Los cinco estudiantes, como cientos de jóvenes, formaron parte de las movilizaciones que pusieron en jaque al gobierno de Mario Abdo Benítez, en medio de la peor crisis sanitaria a causa de la pandemia del coronavirus. Pero como ocurrió en el 2019, el sector de Horacio Cartes pateó el tablero y decidió salvar de nuevo al actual gobierno. Cantando, saltando, enfrentándose a la policía y gritando sus reclamos de más inversión en salud, educación, justicia social, entre otras reivindicaciones los y las jóvenes se hicieron sentir en las calles ante la pérdida de rumbo del actual mandatario. Dichas movilizaciones, se repitieron a lo largo y ancho del país varias ciudades de la república. El pedido de una justicia se hizo fuerte también la tarde del jueves 31 de marzo frente al domicilio de la jueza. En dicha fecha, cuatro años antes, era asesinado en el local del Partido Liberal Radical Auténtico el dirigente Rodrigo Quintana. Hay fuertes indicios de que la bala que mató a Quintana provino de uno de los efectivos policiales que irrumpieron esa noche en el local partidario. Sin embargo, hasta ahora la justicia no ha resuelto el asesinato cometido durante el régimen cartista. Cansados, con rabia, con o sin esperanza, de grupos organizados y otros de manera autónoma, los y las jóvenes se encontraron y se siguen encontrando en las calles. Buscan una salida a la situación social, política y económica. Claman soluciones a un gobierno y a un sistema anquilosado que se hunde en los pantanos de la corrupción y la ineptitud total. Las manifestaciones que ya llevan más de 30 días, tienen como principales impulsores a la población juvenil. No se trata de un arrebato propio de la edad. Son las urgencias inmediatas que empujan a los empuja a la calle. Paraguay cuenta hoy con lo que se llama bono demográfico, que llega al 56%, según los datos del El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Dicho bono se traduce como el porcentaje de la población que puede trabajar y producir. El porcentaje de Paraguay representa una oportunidad para el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Sin embargo, dicha ocasión está siendo desperdiciada por la falta de políticas efectivas de parte del estado. El 56 % de la población tiene menos de 30 años. El porcentaje se traduce en alrededor de 2.000.000 de jóvenes. El 57.8% de dicha cifra, cuyas edades están entre los 15 y 19 años y representa a 1.000.000 de ellos, no van a ninguna institución educativa. El 15.5% de este segmento se ubica entre los llamados ninis (no estudian ni trabajan). De este último grupo, 74% son mujeres. Las oportunidades de trabajo de los jóvenes aparecen en empleos mal pagados. En otros casos, reciben la paga mínima trabajando más horas de las estipuladas en las leyes laborales. A ello se suma la orfandad de parte del Viceministerio del Trabajo, que no vela por el cumplimiento de las leyes que les amparan como trabajadores. La crisis provocada por el coronavirus sirvió de excusa para que los empleadores tuvieran vía libre para los despidos o cese de contratos en masa. El embarazo adolescente es otra lacerante realidad del estado paraguayo. Las estadísticas recogidas por UNFPA y compartidas con instituciones gubernamentales, describen que, de cada 4 muertes maternas 1 es de una niña o adolescente entre 10 y 18 años. A esta situación se suman los casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes agudizados en el contexto de la pandemia Covid a causa del encierro. Las estadísticas este último dato del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, detalla que el 80% de dichas situaciones ocurre dentro del entorno familiar. La resistencia del estado a implementar la Educación Integral de la Sexualidad en las instituciones educativas y haber prohibido el uso de la Guía de Educación Integral de la Sexualidad (EIS) para los docentes, agrava el desconocimiento de los jóvenes y adolescentes. De esta manera a los estudiantes se les niega el derecho a acceder a un material elaborado con criterios pedagógicos y científicos. Dicha decisión gubernamental estuvo basada en la presión de grupos fundamentalistas. En contrapartida dichos sectores ultraconservadores no encuentran obstáculo alguno en difundir su ideología desinformativa dentro de las aulas de todo el país. Cada año, en el estudio del Presupuesto General de Gastos de la Nación, se aplican recortes a Salud y Educación. En cambio, en 31 años de transición democrática, no se ha hecho nunca una reducción del dinero que se destina a las desfasadas Fuerzas Armadas. La conscripción en el país sigue teniendo como base la vetusta ley 569/75. En la Constitución Nacional de 1992 se introdujo la figura de la Objeción de Conciencia, lo que permitió a los jóvenes declarar su negativa a realizar el servicio militar. Mediante dicha ley, que tuvo como impulso los abusos y violaciones a los derechos humanos en las Fuerzas Armadas Paraguayas durante décadas, actualmente son más de 300.000 los objetores y objetoras de conciencia. El SMO fue un gran lastre de la primera década postdictadura en la sociedad paraguaya. Y sigue siendo hasta estos días. En dicho periodo entre 10.000 a 12.000 jóvenes realizaban la conscripción cada año. El Servicio de Paz y Justicia Paraguay (Serpaj-Py) tiene contabilizada 147 muertes y dos desapariciones. Estas últimas hasta la fecha no fueron clarificadas. Paraguay también recibió condenas de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por las muertes de jóvenes que realizaban su servicio militar en los cuarteles Actualmente son menos de 5.000 conscriptos presupuestados. Sin embargo, el grifo del Estado no se ha cerrado para con la milicia. El ejemplo de ello son los más de 14.000.000 millones de dólares que han sido destinados a la Fuerza de Tarea Conjunta asentada en norte. Abusos de autoridad, muertes sin esclarecer y detenciones ilegales son mayormente el resultado de la FTC en dicha zona del país. Vivian, Luis, Pedro, Enrique y Arnaldo pudieron haber sido Juan, Rodrigo, Derlis, Carmen, Teresa. Pudo haber sido un obrero, deliverys, albañil, deportista, cualquier peatón en ese momento, más estudiantes. La prisión preventiva dictada a los estudiantes deja en claro una vez más el absoluto desinterés del gobierno en cumplir con las tareas pendientes de un verdadero Estado que actúa con perversa ignorancia de las leyes más elementales.