En el contexto del reciente enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y el Ejército del Pueblo Paraguayo, estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario Augusto Roa Bastos de Fe y Alegría, ubicado en el Núcleo 3 de la localidad de Arroyito, Departamento de Concepción, acercaron al Serpaj Paraguay la siguiente denuncia: el pasado 6 de abril, entre las 10:00 y las 10:30 de la mañana, un helicóptero de la Fuerza de Tarea Conjunta sobrevoló el colegio, luego se detuvo sobre la institución para tirar volantes relacionados con la búsqueda de miembros del EPP. (Este texto es editorial del Boletín del Serpaj. Abril 2018 que ofrecemos para descarga) La denuncia destacaba que “si bien es usual que vuelen helicópteros en la zona, en esta oportunidad estuvieron muy cerca, lo que generó una especie de pánico, sobre todo en los niños del 7mo. grado y a dos compañeras que cuentan con dificultades psicológicas ante ruidos muy fuertes”. Por su parte, Simón Leguizamón, vocero de la FTC, al ser consultado por la prensa respecto al hecho señaló que la escuela “está en el sector de los núcleos y en un sector complicado de presencia del EPP”; además indicó que no arrojaron los panfletos específicamente sobre la escuela, sino sobre el área en general y finalmente remató afirmando que: “Hay gente interesada en ese lugar, el profesor mencionado es interesado; serían simpatizantes del grupo criminal”.

…el derecho a la educación anda derrumbado por los territorios militarizados.

De hecho no es la primera vez que los establecimientos escolares ubicados en los territorios afectados por la militarización, resultan situados en el medio del conflicto armado con graves derivaciones sobre el goce del derecho a la educación. Ya en el Informe Derechos Humanos en Paraguay del año 2013 (Codehupy), a partir del análisis de casos similares se había recomendado al Estado paraguayo “desvincular los establecimientos escolares de los procesos de militarización y definirlos y protegerlos como ‘espacio de paz’ para la reconstrucción de un proyecto de vida para la niñez y la juventud victimizada por violencia y desplazamiento forzado”. Pero el Estado prosiguió con su estrategia de guerra en la zona y ya en el 2015, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU enviaba una nota al Gobierno paraguayo para expresar su preocupación “por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas [en el Informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la CODEHUPY sobre actuación de las FTC] y la alta probabilidad de su repetición”. Igualmente la preocupación del Subcomité de la ONU no modificó la situación y de esta manera se llega a la actualidad donde no sólo el vocero de la FTC minimiza y ofrece una versión más apacible del hecho sino que introduce una descalificación sobre la población que denuncia: “serían simpatizantes del grupo criminal”.

La gestión de la guerra se volvió más importante que la protección de un derecho clave para el futuro del país.

¿Qué alcances tiene esa afirmación/acusación? ¿Que dichas personas son monitoreadas, que sus denuncias no deben considerarse como tales? ¿Que la única verdad acerca de los acontecimientos la tiene el vocero de la FTC? Mientras siguen abiertas estas interrogantes, el derecho a la educación anda derrumbado por los territorios militarizados. La situación de las comunidades educativas afectadas por el fuego cruzado de esa singular y prolongada guerra, por su parte, no suele incluirse en los debates sobre los problemas de la educación en Paraguay; ningún candidato presidencial se refiere al tema. De hecho, las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias tampoco suelen ocuparse del problema. Es como si no existieran esos docentes, esos estudiantes, esas familias cuyos derechos básicos andan derrumbados. Son ficciones inventadas por los “derecho humano kuera”. Quizás por eso es que cuando hablan, el vocero de la FTC los minimiza. La gestión de la guerra se volvió más importante que la protección de un derecho clave para el futuro del país. La estrategia oficial, asumida por un sector de la sociedad, se asemeja mucho a un suicidio colectivo.